El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea (UE).
El objetivo de la directiva es proteger a aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión. Mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia.
Este anteproyecto abarca todo tipo de delitos e infracciones administrativas, de tal manera que se configura como una herramienta para combatir cualquier acción contra la hacienda pública y aquellos aspectos que vulneren la seguridad y salud en el trabajo.
Con esta norma, cualquier ciudadano y funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional.
Esta trasposición tiene como objetivo ayudar a concienciar y aumentar las denuncias de prácticas irregulares.
Cuestiones que aborda la Directiva
El nuevo anteproyecto establece un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
También regula los sistemas internos de información, garantizando el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.
También establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresa (con más de 50 trabajadores) como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan.
Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.
Sector público
En el sector público tendrán que contar con un sistema interno de información en las administraciones públicas que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.
Del mismo modo, los municipios cuya población no supere los 10.000 habitantes podrán compartir medios para la recepción de informaciones con otros ayuntamientos o con entidades supramunicipales si sus actividades se circunscriben al ámbito de la misma comunidad autónoma.
¿Te ha sido útil la información? ¡No te olvides de compartir y dejarnos un comentario!